La legal pero tal vez ilegitima destitución del Presidente Fernando Lugo en Paraguay, abrió la puerta a la legítima pero tal vez ilegal inclusión de Venezuela en el Mercosur.
El mercado común sudamericano, fue creado en 1991 en el llamado Tratado de Asunción e incluyó a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 1994, en el llamado Protocolo de Ouro Preto (que le dio validez legal internacional al acuerdo), se estableció que la inclusión de una nueva nación al círculo, debía contar indefectiblemente con el aval previo de los congresos de los cuatro países miembros.
Ese acuerdo nunca se logró para con la República Bolivariana de Venezuela en el Senado paraguayo; el mismo cuerpo que el 22 de junio pasado tumbó a Lugo en trámite expeditivo, no accedió a los pedidos y presiones de Lugo y de los poderosos vecinos argentinos y brasileros para habilitar el ingreso del país caribeño, apetecido por su potencial energético y apetente de productos alimenticios.
Pero claro, aunque a veces no lo parezca, suele suceder que la economía esté subordinada a la política y los senadores del conservador Partido Colorado, se negaron a convalidar la presencia de Venezuela como miembro pleno porque desconfiaban (y desconfían) de su Presidente, el carismático Hugo Chávez Frías a quien ven como un enemigo y tratan como tal.
Por eso, aprovechando la circunstancial suspensión de Paraguay como miembro pleno del “club”, los presidentes de los otros tres países resolvieron habilitar el ingreso de Venezuela, acto que formalmente se concretará el 31 de julio próximo en Río de Janeiro, donde se realizará un nuevo encuentro del Mercosur.
Por supuesto que Paraguay, a través de su flamante aunque poco reconocido Presidente Federico Franco, objetó este trámite que lo ignora olímpicamente como parte, pero lo novedoso fueron las objeciones que se generaron desde la oposición brasilera, que prometió llevar el acuerdo al Congreso y sobre todo en el propio gobierno uruguayo, donde el Vicepresidente, Danilo Astori, de la misma fuerza política que el Presidente Jose Mujica, pero de otra línea interna, objetó públicamente la decisión por considerarla ilegal y “blanqueó” que la postura acordada por el Gobierno charrúa, que luego Mujica no impuso a sus pares Dilma Rouseff y Cristina Fernández, era bloquear el ingreso del país caribeño.
Entramos aquí en el pantanoso terreno de lo legal y lo ilegitimo. El Protocolo de Ouro Preto es muy claro respecto a los procedimientos de admisión de nuevos miembros en el selecto club del Mercosur y la suspensión de Paraguay – legal y legitima – no es claro que habilite a que los otros tres socios puedan permitir un nuevo integrante.
Queda entonces sumergirnos en el amoral terreno de la política. Donde lo legal y lo legitimo esta siempre atado a lo posible y necesario. El Mercosur necesita habilitar formalmente el ingreso de Venezuela como miembro pleno porque de hecho ya venía funcionando como tal y es muy posible que el veto que mantenía el congreso paraguayo tuviera algo que ver con políticas de debilitamiento del Mercosur fomentadas por los rivales del norte del continente (que nadie piense en México o Canadá).
Pero sucede que así como ahora se metió a Venezuela “por la ventana”, en un futuro no necesariamente muy lejano, nuevos presidentes podrían disponer otras medidas quizás no tan funcionales a los intereses sudamericanos como es sin lugar a dudas por su mencionado potencial, el ingreso de Venezuela.
Se genera de esta manera un mal antecedente – legal – que podría ser invocado por nuevos gobernantes y se pone en consecuencia en peligro la solidez del Mercosur más allá de la legitimidad de la medida y del obtuso y retrógrado bloqueo paraguayo a Chavez (que dicho sea de paso todo indica se encamina a consagrarse nuevamente en las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre).El desafío es ahora, que el anticipado plan de inclusión plena de nuevos actores al Mercosur (Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia que actúan ya como estados asociados) sea no solo legitimo y necesario, como sin dudas lo es, sino también legal aunque nada indica en el futuro inmediato que el congreso paraguayo vaya a modificar ni su composición ni consecuentemente su actitud.
Paradójicamente, el prometedor Estado paraguayo, fue destruido a fines de la década de 1860 por la triple alianza de Argentina, Uruguay y Brasil con el respaldo financiero y político del imperio británico. A la destrucción, siguió la colaboración para la consolidación allí de una oligarquía voraz y conservadora que tal vez ya no lo es útil a Inglaterra, como lo fue en el siglo XIX pero si a intereses similares. Bartolomé Mitre, el Emperador Don Pedro II y el uruguayo Venancio Flores, probablemente nunca imaginaron lo funcionales que serían al Imperio.
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